Diario Azua / 7 de julio 2026

El órgano auditor detectó graves deficiencias en la planificación de la inversión pública, la inclusión de 247 proyectos improvisados y un preocupante aumento de la deuda del Sector Público no Financiero.

SANTO DOMINGO. – Un severo informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana encendió las alarmas sobre la gestión financiera del Estado. La auditoría correspondiente al Presupuesto General de 2025 reveló profundas deficiencias en la planificación de la inversión pública, destacando que 379 proyectos aprobados por el Congreso terminaron el año con ejecución cero, a pesar de contar inicialmente con fondos asignados.

De acuerdo con el órgano auditor, estos 379 proyectos fantasmas tenían presupuestados originalmente 2,935.1 millones de pesos. Aunque las partidas se redujeron en más de un 80 % durante el año, ninguna obra registró avance alguno. Entre los casos más críticos se citan sistemas de riego paralizados en Azua, Dajabón y Puerto Plata, así como obras viales e infraestructuras sin ejecutar en Santiago Rodríguez y bajo la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Improvisación en el gasto público En contraste con el abandono de las obras planificadas, la Cámara de Cuentas criticó la incorporación masiva y posterior de 247 proyectos que no figuraban en el presupuesto inicial, a los cuales se les destinó la astronómica suma de 11,646 millones de pesos.

Aunque la Dirección General de Presupuesto (Digepres) justificó que estas obras como los pasos a desnivel en la avenida 27 de Febrero e infraestructura turística en Cabo Rojo, Pedernales fueron añadidas mediante una reforma de ley (Ley 86-25), los auditores mantuvieron la advertencia, señalando que este nivel de modificaciones evidencia una notable falta de articulación entre la planificación nacional y el presupuesto.

Aumento de la deuda y opacidad municipal El informe macroeconómico también arroja datos preocupantes: la deuda del Sector Público no Financiero escaló del 47.37 % del PIB en 2024 al 48.59 % en 2025. Esta tendencia aleja al país de la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), que exige reducir dicho indicador al 40 % para el año 2035.

La fiscalización además desnudó la falta de transparencia en los gobiernos locales. El 85.68 % de los ayuntamientos y juntas distritales mantuvo sus portales de transparencia desactualizados o vacíos. Asimismo, 63 municipios violaron la ley al contratar préstamos por un total de 243.3 millones de pesos sin contar con la autorización del Ministerio de Hacienda.

Contabilidad en rojo y fideicomisos bajo la lupa Finalmente, la Cámara de Cuentas reportó graves discrepancias contables. Se detectó un descuadre de 9,727.6 millones de pesos entre los registros de Fiduciaria Reservas y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

A esto se suma un abismo de 979,837 millones de pesos entre los activos que reportan individualmente las instituciones y lo consolidado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), debido a que el Estado sigue sin inventariar correctamente sus bienes, lo que provoca que el Gobierno Central cierre con un patrimonio neto negativo de 1.29 billones de pesos.

Ministro de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza durante rueda de prensa por al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros. (Fuente Externa)

Diario Azua / 7 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – El Poder Ejecutivo dio el primer paso formal para la estructuración de las finanzas públicas del próximo año. El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, aprobó formalmente la Política Presupuestaria Anual para el 2027, un documento técnico que priorizará el gasto social, la inversión en obras públicas y la seguridad nacional.

Al término de la quincuagésima novena reunión del consejo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que estos lineamientos cumplen con la Ley Orgánica de Presupuesto y se alinean con la estrategia de desarrollo a largo plazo denominada Meta RD 2036.

Los pilares del gasto para 2027: ¿A dónde irá el dinero?

Aunque el monto total del presupuesto todavía no se ha cuantificado debido a que las instituciones apenas empezarán a computar sus requerimientos, Paliza adelantó cuáles serán los sectores innegociables para la asignación de recursos:

Educación blindada: Se mantendrá de manera estricta la inversión equivalente al 4.05 % del Producto Interno Bruto (PIB), orientada a expandir las aulas, el Programa Nacional de Transporte Escolar y el Plan Horizonte 2034.

Salud y Red Traumatológica: Los esfuerzos se centrarán en culminar hospitales estratégicos de la red de traumas, fortalecer la atención primaria y ampliar la Red Nacional de Emergencias.

Megaobras de transporte y vivienda: Se garantizará la continuidad del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, la construcción de acueductos viales y planes de mejoramiento habitacional.

Seguridad y Frontera: Habrá partidas mayores para el Poder Judicial, la seguridad ciudadana y la terminación de la verja perimetral inteligente en la frontera con Haití.

"La aprobación de la política presupuestaria constituye la primera etapa (...) en la que se establecen los lineamientos generales para que las instituciones elaboren sus propuestas de gasto", aclaró el ministro Paliza.

Proyecciones económicas: Optimismo de cara al 2027

El marco macroeconómico que sostendrá este presupuesto fue presentado por Alexis Cruz, viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Cruz ofreció un balance positivo del año en curso, revelando que la economía dominicana acumuló un crecimiento del 4.2 % hasta mayo de 2026, lo que demuestra la resiliencia del aparato productivo nacional. Para el año 2027, los supuestos oficiales son aún más optimistas:

Crecimiento estimado del PIB: Cercano al 4.8 %.

Inflación: Se proyecta controlada dentro del rango meta establecido por el Banco Central de la República Dominicana.

El proyecto definitivo con los montos exactos de ingresos y gastos calculados será conocido en una próxima reunión del Consejo de Ministros, antes de vencerse el plazo constitucional para su envío formal al Congreso Nacional.

Entre los motivos de los cacerolazos están los altos precios de los combustibles, el incremento del costo de la canasta familiar y los abusos de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 7 de julio 2026

El eco de la protesta civil volvió a retumbar en los sectores más exclusivos de la capital. La noche de este lunes, residentes de la clase media y alta del Distrito Nacional respondieron de forma masiva a una convocatoria digital, haciendo sonar ollas y sartenes desde sus balcones en señal de un profundo descontento con la gestión gubernamental actual.

Exclusivas zonas residenciales como Bella Vista, El Renacimiento, Naco y Arroyo Hondo se convirtieron en los epicentros de este ruidoso reclamo pacífico. A través de las redes sociales, decenas de videos mostraron a familias enteras en aceras, frentes de casas y apartamentos uniendo sus voces al ritmo metálico de los utensilios de cocina.

Las 4 razones detrás del descontento ciudadano

El descontento que sacó a relucir los calderos no es fortuito. Los comunitarios manifestaron que la calidad de vida en el país ha sufrido un notable retroceso, impulsado principalmente por cuatro detonantes económicos y sociales:

El costo de la vida: Un incremento asfixiante en los productos de la canasta familiar.

Combustibles por las nubes: Quejas generalizadas por los altos precios de la gasolina y el gasoil.

Presión impositiva: El rechazo al pago excesivo de impuestos en un contexto de crisis internacional.

Abusos policiales: Indignación ante los recientes excesos cometidos por agentes de la Policía Nacional contra civiles (como el trágico caso del joven en Herrera).

Melymel: La chispa que reactivó la protesta

La convocatoria a este cacerolazo fue impulsada originalmente en plataformas digitales por la reconocida artista urbana y activista social Melymel. La exponente instó a la población a manifestarse de manera pacífica pero contundente desde sus hogares.

No es la primera vez que la artista se convierte en un catalizador del descontento de la clase media. Melymel fue una de las figuras más visibles durante las históricas manifestaciones de la Plaza de la Bandera en 2020.

Asimismo, este método de protesta trae recuerdos grises para el oficialismo: en 2024, una ola similar de cacerolazos obligó al Poder Ejecutivo a retirar del Congreso Nacional un polémico proyecto de reforma fiscal. La reactivación de los calderos este lunes envía un mensaje directo e inequívoco a las autoridades sobre el límite de la tolerancia económica de la ciudadanía.

Una sesión de la Cámara de Diputados. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados se prepara para emitir una postura oficial crucial en torno al futuro inmediato del nuevo Código Penal. La Comisión Coordinadora del órgano legislativo, encabezada por su presidente Alfredo Pacheco, convocó a una rueda de prensa de urgencia para este martes a las 9:00 de la mañana, donde representantes de las distintas bancadas políticas fijarán su posición ante el destino de la polémica pieza jurídica.

Esta convocatoria ocurre a menos de un mes de la fecha pautada para su entrada en vigor (el próximo 3 de agosto), un escenario marcado por intensos debates y advertencias sobre artículos que presuntamente vulneran la libertad de expresión, la no discriminación y aumentan la desprotección ante la negligencia médica.

Gremios y sociedad exigen una prórroga de 6 meses

La presión externa sobre el Congreso Nacional no ha parado de crecer. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), bajo la dirección de Trajano Potentini, se sumó formalmente al pedimento de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para aplazar la entrada en vigencia de la ley por un periodo de seis meses.

Según los juristas, el texto actual arrastra serias incongruencias que rozan la inconstitucionalidad y que requieren enmiendas urgentes antes de implementarse en los tribunales.

"Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto (...) y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido", manifestó Potentini.

Oposición se moviliza en ambas cámaras

El descontento y la necesidad de tiempo para reformular el articulado ya se tradujeron en acciones legislativas concretas desde las bancadas opositoras:

En la Cámara de Diputados: Charlie Mariotti Junior, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), depositó un proyecto formal que busca postergar el inicio del código por medio año.

En el Senado: Edward Espíritusanto, legislador por la Fuerza del Pueblo (FP), introdujo una iniciativa idéntica en la Cámara Alta con el mismo propósito de revisión.

Con estas cartas sobre la mesa, la gran incógnita que se develará este martes en el despacho de Alfredo Pacheco es si el bloque mayoritario mantendrá el acelerador a fondo para el 3 de agosto o si cederá ante el consenso técnico que exige congelar provisionalmente la reforma penal.

Ciudadanos buscan entre los desechos urbanos el pasado 2 de julio de 2026. Sumergida en una profunda crisis estructural desde 2020, la isla enfrenta colapsos en la actividad económica y una vida cotidiana gravemente afectada por los constantes y prolongados apagones. (Foto: EFE)

Diario Azua / 6 de julio 2026

En medio de una crisis energética y estructural que asfixia su economía, el Gobierno de Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que acompañe la sesión especial que se celebrará este 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El objetivo de La Habana es denunciar el impacto del embargo económico implementado por los Estados Unidos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que la diplomacia estadounidense ha desplegado "presiones inéditas" que incluyen presuntos chantajes y amenazas a naciones soberanas con el fin de boicotear el debate y evitar que el foro global vote sobre el tema.

La defensa del derecho soberano ante un panorama crítico

Bajo el tema 38 de la agenda de la ONU, titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba", la delegación de la isla busca visibilizar el fuerte deterioro de las condiciones de vida en su territorio.

Rodríguez enfatizó que su país acudirá al organismo con la fuerza del derecho internacional para reclamar soluciones inmediatas. De acuerdo con el jefe de la diplomacia cubana, la defensa se centrará en los siguientes puntos:

Fin del cerco energético: Exigir el cese de las restricciones que limitan el suministro de combustible.

Rechazo a la coerción: Denunciar las medidas punitivas contra terceros que comercialicen con la isla.

Oposición al "castigo colectivo": Calificar el bloqueo económico como una medida de asfixia que afecta directamente a los ciudadanos.

"Defenderemos el derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo", afirmó el canciller a través de sus canales oficiales.

Sanciones en aumento y parálisis económica

El reclamo de Cuba llega en un momento de extrema vulnerabilidad. Desde mediados de 2024, el país padece una profunda crisis energética que se agravó drásticamente a inicios de este año debido al asedio petrolero implementado por Washington. A este escenario se sumaron nuevas sanciones que penalizan a individuos o empresas extranjeras que operen en sectores estratégicos cubanos como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

A pesar de los esfuerzos estadounidenses por frenar la sesión, el Gobierno cubano manifestó tener la certeza de que la mayoría de los países miembros de la ONU votarán una vez más a favor de la isla en la sesión de este martes.

La primera amnistía aportó RD$29,591.5 millones y la segunda RD$8,164.3 millones. (Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

Las amnistías y facilidades de pago otorgadas por el Gobierno dominicano a los contribuyentes morosos están perdiendo su "magia" recaudatoria. Aunque estas medidas alivian la carga de miles de deudores, los datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revelan que el impacto positivo en las arcas del Estado viene en franco declive.

En los últimos cinco años y medio, la administración tributaria ha recurrido a tres legislaciones excepcionales. Si bien entre 2020 y 2024 las dos primeras amnistías lograron inyectar al fisco 37,755.8 millones de pesos, la brecha entre el éxito de una y otra evidencia que el mecanismo se está agotando.

De mayor a menor: La caída de los ingresos por perdón fiscal

El análisis del comportamiento de las recaudaciones muestra cómo el interés y la efectividad de estas leyes ha mermado drásticamente con el tiempo:

El gran rescate (Ley 46-20): Implementada entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 (sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial), fue un rotundo éxito financiero. Logró que 43,955 contribuyentes se pusieran al día, aportando al Estado la robusta suma de RD$29,591.5 millones.

La desaceleración (Ley 51-23): Promulgada en agosto de 2023 bajo un tratamiento especial transitorio, su impacto fue notablemente menor. Solo atrajo a 15,524 contribuyentes y su recaudación cayó a RD$8,164.3 millones hasta septiembre de 2024.

Esta tendencia a la baja confirma que los programas consecutivos de perdón fiscal generan un efecto de rendimientos decrecientes para el Estado, ya que el universo de grandes deudores que pueden o quieren regularizarse se reduce tras cada convocatoria.

La nueva apuesta: Ley 30-26 y el plan anticrisis

A pesar del evidente desgaste de la fórmula, el Gobierno ha vuelto a jugar la misma carta. Casi tres años después del último proceso, la recién promulgada Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional introduce una nueva facilidad de pago en su artículo 8.

Esta nueva amnistía forma parte de una estrategia más amplia con la que las autoridades económicas buscan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. Sin embargo, conscientes de que el "perdón" de deudas ya no rinde los mismos frutos que antes, el grueso de esa ambiciosa meta dependerá esta vez del aumento directo en las tasas de diversas figuras impositivas.

Las estaciones de gasolina se quejan de las comisiones que se les cobra cuando los consumidores pagan su servicio con tarjeta. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 6 de julio 2026

La amenaza de no poder pagar el combustible con tarjetas de crédito o débito encendió las alarmas de los conductores en la República Dominicana. Aunque la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) puso la medida en pausa para dar espacio al diálogo, el fantasma de tener que volver al "solo efectivo" sigue latente si no se llega a un acuerdo con el sector financiero y las autoridades.

A continuación, te explicamos los puntos clave detrás de este pulso económico que afecta directamente el bolsillo y la comodidad de los ciudadanos.

Las matemáticas del conflicto: ¿Por qué protestan los detallistas?

El núcleo de la disputa radica en las altas comisiones que las empresas procesadoras de tarjetas cobran a las estaciones de combustible por el uso de los verifones. Según Anadegas, el margen de ganancia actual hace que el negocio sea insostenible bajo el esquema actual:

RD$25.00: Es la ganancia bruta aproximada que obtiene una estación por cada galón de combustible vendido.

RD$7.00: Es el monto promedio que deben pagar en comisiones bancarias cuando el cliente pasa una tarjeta.

27% de pérdida: Ese cargo electrónico representa más de una cuarta parte de la ganancia bruta por galón de los detallistas.

Ante este panorama, Juan Elías Pérez, presidente del gremio, advirtió que las 780 estaciones afiliadas están dispuestas a retirar las terminales de pago si no se renegocian los costos.

¿Qué propone Anadegas y cuál es la postura del Gobierno?

La propuesta del sector de los combustibles es drástica: eliminar los porcentajes variables y sustituirlos por una tarifa fija de apenas 30 centavos por galón vendido mediante canales electrónicos. Para buscar una salida salomónica, han solicitado la mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Proconsumidor y la Superintendencia de Bancos.

Por su parte, el Gobierno dominicano ha mostrado optimismo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, restó dramatismo a la situación asegurando que se encontrará una solución viable para ambas partes.

"Hablando se entiende la gente", manifestó la vicemandataria al ser consultada sobre el conflicto.

El impacto en el ciudadano: ¿Qué pasará si fracasa el diálogo?

Si las negociaciones se rompen, el impacto para el consumidor final será inmediato y caótico. El retiro de los verifones afectaría principalmente a:

Conductores particulares que no acostumbran a cargar dinero en efectivo por motivos de seguridad.

Usuarios que planifican y financian sus presupuestos mensuales a través de tarjetas de crédito.

Empresas con flotillas de vehículos comerciales y choferes de transporte público que dependen de la facturación electrónica.

¿Qué sigue ahora? La reunión oficial convocada para este martes será el escenario definitivo. De este encuentro dependerá si las estaciones mantienen los pagos digitales de forma permanente o si los verifones se apagarán definitivamente en las bombas de gasolina.

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en un recorrido en Santiago de los Caballeros este lunes 6 de julio. (D/L/Fuente Externa)

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTIAGO. – Durante un recorrido político por la Ciudad Corazón, el senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, lanzó una dura crítica al proceso de transformación de la Policía Nacional. El legislador aseguró que, a varios años del inicio de la reforma policial, los avances tangibles para la seguridad ciudadana han sido "pocos o nulos".

Las contundentes declaraciones del congresista se produjeron tras la reciente muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien perdió la vida en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, en medio de una polémica intervención de agentes de la uniformada.

Una reforma cuestionada y el reclamo de justicia

Para Fernández, el trágico suceso en Herrera desnuda las debilidades del cuerpo del orden y obliga a cuestionar el rol real del Estado en la protección de los ciudadanos.

Exigencia de justicia: El senador exigió que se esclarezca el caso y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del adolescente.

Solidaridad familiar: Expresó sus condolencias a los parientes de Mercado Reyes y demandó transformaciones verdaderas y profundas en la doctrina policial.

Balance crítico: Enfatizó que tras seis años de promesas gubernamentales sobre la reforma, los ciudadanos siguen desprotegidos ante la brutalidad y la ineficiencia.

"Es evidente que seis años después los resultados (de la reforma) han sido pocos o nulos", sentenció el dirigente político.

El costo de la vida y el aumento del pasaje en Santiago

Además de la crisis de seguridad, Omar Fernández aprovechó su encuentro con diversos sectores santiagueros para fijar posición sobre el reciente incremento en la tarifa del transporte urbano de la provincia, un golpe directo al bolsillo de los usuarios.

El legislador atribuyó este aumento a las malas decisiones económicas del Gobierno central, criticando que se privilegie el endeudamiento y la subida de impuestos para financiar gastos corrientes en lugar de priorizar inversiones de capital.

"Estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente", apuntó.

A pesar del panorama adverso en lo económico y social, el senador destacó el optimismo y la actitud positiva de los residentes de Santiago, concluyendo que la resiliencia de la población le da esperanza sobre el futuro del país.

Diario Azua / 6 de julio 2026

SANTO DOMINGO ESTE. – En un escenario donde la libertad de prensa y las nuevas regulaciones legales chocan de frente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santo Domingo Este, encendió las alarmas sobre los peligros que representa el nuevo Código Penal para el ejercicio de la comunicación en el país.

Durante una conferencia magistral celebrada en las instalaciones de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), periodistas, fotógrafos y locutores analizaron las drásticas modificaciones que entrarán en vigencia el próximo 3 de agosto.

Penas más severas y el fin de la "inmunidad" periodística

El análisis estuvo a cargo del abogado y periodista José Antonio Beato, quien fue tajante al advertir que el nuevo marco jurídico endurece significativamente las sanciones. Beato explicó que delitos antes dispersos ahora se unifican, obligando a los profesionales de la información a extremar precauciones.

Los puntos que mayor preocupación despertaron entre los asistentes fueron los artículos 186 y 192, los cuales castigan con dureza los atentados a la intimidad y la difusión de contenidos sin consentimiento:

Prisión de 2 a 5 años: Por captar imágenes en espacios privados sin autorización o revisar dispositivos ajenos.

Hasta 10 años de cárcel: En casos donde la difusión involucre extorsión, chantaje o afectación a personas vulnerables.

"El estatus de periodista no exime de responsabilidad legal", recordó el jurista, abriendo un intenso debate sobre la delgada línea entre el derecho a la información y el respeto a la dignidad e imagen de los ciudadanos.

El SNTP recurrirá a los tribunales

Ante lo que consideran una amenaza potencial al libre ejercicio periodístico, el secretario general nacional del SNTP, Manuel Ureña, anunció que el gremio no se quedará de brazos cruzados. Ureña adelantó que someterán un recurso legal para cuestionar formalmente los artículos de la normativa que vulneran derechos fundamentales.

Por su parte, Darío Mañón, secretario general de la filial de Santo Domingo Este, agradeció el respaldo de las autoridades militares para la realización de este encuentro, destacando el valor de estas alianzas estratégicas para la capacitación continua.

El evento contó con el apoyo de la DIGEV, representada por el mayor paracaidista Yamany Fahd Jacobo Salado, quien ofreció las palabras de agradecimiento en nombre del director general de la institución, el coronel José Ramón Reyes Suárez.

Al cierre del encuentro, el SNTP reiteró su compromiso de promover un periodismo ético y responsable, pero firme en la defensa de las libertades democráticas.