Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, recibe la chaqueta del equipo nacional de basket de Rafael Uribe y Kelvin Cruz.

Diario Azua / 5 de junio 2026

Rafael Uribe y Kelvin Cruz lo visitan; partidos serán ante los Estados Unidos y Nicaragua 

SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este jueves el apoyo del Ministerio Administrativo de la Presidencia al equipo nacional de baloncesto masculino de mayores para sus compromisos del próximo mes de julio, en la remodelada Arena Profesor Virgilio Travieso Soto “BanReservas”.

La información la dio el ingeniero Rafael Uribe, presidente de Fedombal, quien resaltó el apoyo incondicional que le ha ofrecido el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para presentar un plantel que salgan airosos en sus próximos dos partidos.

Dijo que la escuadra quisqueyana tendrá dos importantes choques en la tercera ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, en la que participan 16 países del Continente Americano, y la cual dispone de siete plazas para esa cita internacional.

El duelo más esperado será el del viernes 3 cuando los dominicanos se enfrenten a los Estados Unidos, y el lunes 6, harán lo propio ante Nicaragua en el Palacio de los Deportes.

Uribe expresó que “la Selección del Pueblo, como le llaman a nuestro equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, presentará en cancha su mejor versión para conseguir esas importantes victorias entre el público dominicano”.

“Gracias ministro Bautista por confiar en nosotros y en el próximo mes de julio saldremos airosos en esos dos compromisos ante los Estados Unidos y Nicaragua”, exclamó Uribe.

Uribe visitó recientemente el despacho del ministro Andrés Bautista en el Palacio Nacional, y estuvo acompañado del ministro de Deportes Kelvin Cruz, cuyos aportes también son vitales en el éxito del equipo tricolor de baloncesto a niveles internacionales.

Los dominicanos tienen récord a 3-1, líder del grupo A, empatado con los Estados Unidos, seguido de México (2-2) Nicaragua posee 0-4. Los caribeños y estadounidenses reservaron sus cupos a la siguiente fase de clasificación, que otorga tres cupos.

La ADP expresó su rechazo a cualquier medida que impida el derecho de los trabajadores y organizaciones sindicales a desarrollar huelgas pacíficas. (Fuente Externa)

Diario Azua / 5 de junio 2026

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fijó una postura contundente frente a la reciente iniciativa de un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la cual busca aplicar descuentos salariales a los docentes que se sumen a paros de labores o huelgas. El gremio magisterial calificó la propuesta como un atentado directo contra las libertades sindicales y los derechos fundamentales vigentes en el país.

A través de un comunicado, Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones del sindicato, argumentó que la medida viola las normativas legales del país. El dirigente recordó que el derecho a la huelga pacífica es una garantía constitucional protegida por el artículo 62 (numeral 6) de la Carta Magna, así como por el Código de Trabajo dominicano (artículos 401 al 412). "Ninguna iniciativa legislativa puede desconocer derechos que forman parte del ordenamiento jurídico nacional", enfatizó.

El diálogo como primera opción, pero sin renunciar a la lucha

Desde la ADP aclararon que las movilizaciones no son el primer recurso que utiliza el sindicato. De la Rosa explicó que, históricamente, los paros docentes han sido la respuesta al incumplimiento de las autoridades ante las demandas del sector y de las comunidades educativas.

Actualmente, el panorama se mantiene bajo una tensa calma institucional debido a los siguientes factores:

Mesa de concertación: El gremio se encuentra participando de manera activa en un espacio de diálogo permanente junto al Ministerio de Educación (Minerd).

Estrategia oficial: Las conversaciones se desarrollan bajo el marco de la política de "Los Cinco Pilares", impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, orientada a buscar soluciones consensuadas para el sistema escolar.

A pesar de la apuesta actual por la concertación regional y distrital, la ADP advirtió que si el Gobierno incumple los pactos o ignora las necesidades del magisterio, no dudarán en reactivar los métodos tradicionales de protesta.

Personas esperan durante un apagón, en La Habana, Cuba. (EFE)

Diario Azua / 5 de junio 2026

La crisis energética en Cuba alcanza niveles alarmantes. Para este viernes, las autoridades prevén que el mayor apagón de la jornada deje simultáneamente sin electricidad al 65 % del territorio nacional. Con un Sistema Electroenergético Nacional (SEN) calificado oficialmente como "crítico", los 9.7 millones de habitantes de la isla apenas contarán, en promedio, con un par de horas de luz al día.

El panorama para el horario pico (tarde-noche) es complejo: la Unión Eléctrica (UNE) estima una demanda máxima de 3,050 megavatios (MW) frente a una capacidad de generación de apenas 1,090 MW. Esto se traduce en un déficit de 1,960 MW, obligando a una desconexión programada de 1,990 MW para evitar un colapso desordenado de la red.

Averías crónicas y el impacto del bloqueo petrolero

La situación actual es el resultado de una tormenta perfecta entre el deterioro de la infraestructura y las presiones externas:

Infraestructura obsoleta: La termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal central del país, sufrió una nueva avería, sumando 5 fallos en las últimas cinco semanas y 11 en lo que va del año. En total, 7 de las 16 unidades de generación del país están fuera de servicio por mantenimiento o roturas.

Asedio energético: Desde enero, el endurecimiento del bloqueo petrolero por parte de EE. UU. ha frenado en seco la importación de diésel y fueloil. Esto ha paralizado los motores de generación, responsables del 40 % del mix energético cubano.

Déficit de crudo: Cuba necesita unos 100,000 barriles de petróleo diarios para subsistir, pero su producción nacional apenas cubre 40,000.

La parálisis casi total de la economía y la falta de suministro han avivado el descontento social, detonando cacerolazos, quemas de basura y protestas pacíficas en las calles, especialmente en La Habana.

La búsqueda de alternativas endógenas

Ante la falta de combustible importado, el Gobierno cubano intenta exprimir sus propios recursos. Esta semana las autoridades anunciaron un hito: se logró refinar por primera vez en el país unas 20,000 toneladas de crudo nacional. Aunque se trata de un petróleo especialmente pesado y complejo de procesar, representa el principal salvavidas interno frente al asedio financiero y comercial de Washington.

Diario Azua / 5 de junio 2026

La jueza Yanibet Rivas dictó apertura a juicio por desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores en el millonario fraude de la red de semáforos.

SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el presunto fraude en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) avanza a su etapa crucial. La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó este viernes auto de apertura a juicio de fondo contra el exdirector de la entidad, Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez, señalados como los principales cabecillas de una red de corrupción estatal.

A pesar de que el Ministerio Público mantuvo un catálogo de imputaciones de extrema gravedad, la magistrada decidió excluir los cargos de terrorismo del expediente. No obstante, validó las pruebas presentadas por el órgano persecutor para sostener los delitos de desfalco, lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado y asociación de malhechores.

El origen del millonario fraude de los semáforos

La acusación detalla que los encartados estructuraron un sofisticado esquema de corrupción administrativa para adjudicar de manera irregular un contrato que superaba los 1,300 millones de pesos a la empresa Transcore Latam S.R.L., propiedad de Jochi Gómez, para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, los actos de sabotaje cibernético y el colapso del sistema de tráfico ocurridos en agosto de 2024 fueron una represalia directa ejecutada por la red tras la suspensión oficial del referido contrato fraudulento.

Todo el entramado técnico y financiero va a juicio

La decisión de la jueza Rivas no solo afecta a Beras y Gómez; el tribunal también envió a juicio de fondo a otros exfuncionarios clave de la institución como Pedro Vinicio Padovani Báez (exencargado del Centro de Control de Tráfico), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (exdirector de Tecnología), Frank Díaz Warden (excoordinador de Despacho) y Juan Francisco Álvarez Carbuccia (director financiero).

Asimismo, el auto de apertura a juicio incluye a los técnicos y colaboradores Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, junto a un entramado de siete empresas vinculadas al caso, entre las que destacan Aurix S.A.S. y Dekolor S.R.L. El destino de los fondos y las responsabilidades penales definitivas se dirimirán ahora ante un Tribunal Colegiado.

Huelga de maestros encabezada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente al Ministerio de Educación. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 5 de junio 2026

Un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados busca obligar al MINERD a instalar control de asistencia electrónico y penalizar los paros gremiales en horario de clases.

SANTO DOMINGO.– El brazo legislativo endurece su postura frente a las constantes paralizaciones de la docencia pública en la República Dominicana. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se encuentra evaluando un proyecto de resolución que busca instruir formalmente al Ministerio de Educación (MINERD) a aplicar descuentos salariales proporcionales a los maestros que abandonen las aulas para asistir a paros, asambleas gremiales o huelgas.

La iniciativa, sometida por el diputado Nicolás Hidalgo (PRM-Provincia Duarte), propone además un cambio drástico en la supervisión de los planteles: la implementación obligatoria de un sistema nacional de control de asistencia electrónica para el personal docente, aplicable tanto en el sistema educativo público como en el privado.

Cierre de grifo a los pagos por días no trabajados

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, resulta "inaceptable" que el Estado dominicano continúe desembolsando salarios por jornadas escolares que no son ejecutadas de manera efectiva debido a convocatorias sindicales. El legislador argumenta que el presupuesto invertido en el sector debe fiscalizarse rigurosamente bajo el principio de trabajo realizado.

En ese sentido, la pieza estipula que las asambleas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y cualquier huelga convocada en días laborables serán consideradas legalmente como "inasistencias injustificadas". La resolución defiende que las actividades de carácter sindical bien pueden desarrollarse fuera del horario docente para no alterar el calendario escolar ni lesionar el derecho constitucional a la educación de los estudiantes.

Solo se validarán licencias médicas y fuerza mayor

La propuesta legislativa cierra la brecha a la discrecionalidad y establece que los únicos motivos válidos para justificar la ausencia de un profesor serán las licencias médicas debidamente certificadas, permisos aprobados con anterioridad o causas de fuerza mayor que puedan ser rigurosamente comprobadas.

Bajo este nuevo esquema administrativo, los directores de cada centro educativo asumirán la responsabilidad legal de reportar las faltas diariamente. El proyecto, que se encuentra a la espera del informe final de la comisión para ser sometido al pleno de los diputados, insta también al MINERD a redactar un reglamento complementario que defina sanciones adicionales en casos de reincidencia docente.

Familias desplazadas por la violencia caminan en una zona de viviendas improvisadas, cerca al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el sábado 30 de mayo en Puerto Príncipe, Haití. (EFE)

Diario Azua / 5 de junio 2026

La OIM alerta que la violencia de las pandillas ya controla el 85% de Puerto Príncipe y se extiende a zonas que antes se consideraban seguras.

GINEBRA.– La crisis humanitaria y de desplazamiento forzado en Haití ha alcanzado un punto de inflexión crítico. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este viernes que ya son 1.5 millones de personas, tanto en zonas urbanas como rurales, las que sufren los estragos de este fenómeno, en un escenario donde la violencia de las bandas armadas ha comenzado a devorar los últimos refugios seguros del país.

Gregoire Goodstein, jefe de misión de la OIM en la nación caribeña, detalló en una conferencia de prensa que la escalada del conflicto obliga a miles de familias a huir de manera repetida, enfrentándose a la cruda realidad de no tener un destino seguro al cual llegar. El impacto de género es evidente: más de la mitad de los afectados son mujeres y niñas.

Puerto Príncipe bajo el control de las bandas

El mes de mayo agravó drásticamente las estadísticas. Una nueva oleada de ataques en el suburbio de Cité Soleil forzó la huida de más de 18,000 personas en pocas semanas. Con este repunte, la cifra de desplazados internos exclusivamente en la capital, Puerto Príncipe, superó la barrera de los 300,000 individuos por primera vez en la historia del país.

El deterioro general de la seguridad coincide con la consolidación de las organizaciones criminales, que actualmente controlan el 85% del territorio capitalino, superando los esfuerzos de contención de la policía local y de la misión internacional de apoyo lograda previamente. Además, la violencia ha migrado con éxito a regiones como el departamento del Sudeste, una provincia que históricamente servía de santuario para los civiles.

El impacto de las repatriaciones forzosas

A la presión interna se suma la complejidad migratoria regional. Según datos de la OIM, en lo que va del año 2026, más de 110,000 ciudadanos haitianos han sido devueltos por la fuerza desde distintas naciones vecinas. El organismo internacional manifestó su preocupación por el perfil de alta vulnerabilidad de estos retornados, entre los que predominan mujeres embarazadas, madres en postparto y menores de edad no acompañados que ingresan al país sin recursos mínimos de subsistencia.

Para complejizar el panorama humanitario, las agencias de asistencia internacional miran con alarma el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, ya que cualquier fenómeno meteorológico extremo o inundación sobre los asentamientos improvisados podría desencadenar una catástrofe sanitaria de proporciones mayores.

El papa León XIV llega para presidir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 27 de mayo de 2026. (EFE)

Diario Azua / 5 de junio 2026

CIUDAD DEL VATICANO.– El papa León XIV emprende mañana una histórica y ambiciosa visita oficial a España que lo llevará a recorrer unos 2,500 kilómetros en apenas una semana. Con paradas estratégicas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, la agenda del líder de la Iglesia católica estará fuertemente volcada hacia los sectores más vulnerables, la defensa de la dignidad humana y un esperado acercamiento con víctimas de abusos por parte del clero.

Desde el Vaticano, el portavoz Matteo Bruni defendió la relevancia del viaje, asegurando que a pesar del avance de la secularización en el continente europeo, el pontífice "aún tiene algo que decir" y busca participar de forma constructiva en el debate público de la región.

Una agenda en la primera línea de la vulnerabilidad

León XIV pronunciará un total de 12 discursos y cinco homilías donde mantendrá los pilares tradicionales del catolicismo, como la defensa de la vida frente al aborto y la eutanasia. Sin embargo, el enfoque central de sus actividades estará en "la defensa de todas las vidas".

El papa visitará el centro de asistencia "Cedia 24 horas" en Madrid, la prisión de Brians 1 en Barcelona y realizará una doble etapa en las Islas Canarias, un punto neurálgico y crítico de la ruta migratoria del Atlántico. Con estos gestos, el Vaticano busca enviar un mensaje contundente sobre la caridad y la acogida a los migrantes.

El desafío de una España distinta

El escenario que recibirá a León XIV dista mucho del panorama que encontró Benedicto XVI en su última visita en 2011. El catolicismo en España atraviesa un notable cambio demográfico: según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de ciudadanos que se declaran católicos ha caído 17.4 puntos en los últimos quince años.

Esta realidad contrasta con los registros oficiales de la Santa Sede, que al contabilizar el número de bautizados, mantiene que el 93% de la población española profesa el catolicismo. El viaje del sucesor de Pedro será, por tanto, una prueba de fuego para evaluar la capacidad de la Iglesia de reconectar con las nuevas realidades de Europa.

Diario Azua / 5 de junio 2026

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. coloca a la República Dominicana bajo escrutinio, lo que activaría aranceles de hasta un 12.5% a las zonas francas.

SANTO DOMINGO.– La estabilidad comercial de la República Dominicana enfrenta un panorama complejo. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha incluido al país, junto a otras 15 naciones de Latinoamérica, en un listado de economías bajo investigación por presuntas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro.

La investigación, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluye que decenas de países no han implementado controles suficientes para evitar que mercancías elaboradas bajo esquemas de explotación ingresen al mercado global. Como consecuencia, Washington evalúa la aplicación de aranceles punitivos que oscilan entre el 10% y el 12.5% para un bloque de 60 economías.

El millonario impacto en el motor de las zonas francas

Aunque las sanciones no se aplicarán de forma automática, el aviso sitúa a la República Dominicana en una posición de alta vulnerabilidad debido a su profunda dependencia del mercado norteamericano. Durante el pasado año 2025, el 48.6% de las exportaciones nacionales tuvieron como destino final los Estados Unidos, generando un intercambio bilateral de 18,977 millones de dólares.

El impacto económico de un eventual gravamen sería drástico para el régimen de zonas francas, origen de casi nueve de cada diez dólares exportados hacia territorio estadounidense. De ejecutarse la tarifa máxima del 12.5% propuesta por Washington, el sobrecosto para los productos dominicanos ascendería a unos 890 millones de dólares anuales. Los sectores más expuestos a este choque financiero serían los pilares de la industria local: dispositivos médicos, manufacturas eléctricas, textiles y tabaco manufacturado.

Un escenario de doble filo: Advertencia y oportunidad

A pesar del riesgo inminente, el contexto internacional plantea una paradoja económica. La misma investigación del USTR golpea con dureza a competidores asiáticos clave como Bangladesh, Camboya y Malasia. Si estas naciones reciben las sanciones arancelarias, las multinacionales estadounidenses podrían acelerar sus estrategias de relocalización o nearshoring hacia destinos geográficamente más cercanos.

En este tablero, la República Dominicana mantiene ventajas competitivas gracias al acuerdo de libre comercio DR-Cafta y a su consolidada infraestructura industrial. No obstante, el Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, advirtió desde París que la investigación concluirá en cuestión de semanas, dejando claro que el acceso preferencial al mercado estadounidense estará condicionado estrictamente al cumplimiento riguroso de los estándares laborales internacionales.

Diario Azua/ 4 de junio 2026

Paíno Abreu afirma que el país conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente entre retrocesos, permisividad y amenazas a áreas protegidas.

Santo Domingo.– El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paíno Abreu, afirmó que la República Dominicana atraviesa uno de los momentos más delicados en materia ambiental de las últimas décadas, al conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente en medio de retrocesos, daños a ecosistemas estratégicos y una creciente flexibilización de los controles ambientales.

Mediante un documento, Abreu sostuvo que durante los últimos seis años el Gobierno del PRM ha impulsado una política ambiental marcada por la permisividad y la improvisación, permitiendo intervenciones en áreas protegidas y debilitando los mecanismos de protección de los recursos naturales del país.

“El país no tiene nada que celebrar este 5 de junio. Lo que hemos visto es una cadena de decisiones que han afectado humedales, montañas, manglares, parques nacionales y fuentes de agua fundamentales para las presentes y futuras generaciones”, expresó.

El dirigente político recordó que una de las primeras acciones cuestionadas de la actual gestión fue la intervención realizada en el Monumento Natural Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata, donde se autorizaron desmontes y la apertura de vías para el paso de una línea eléctrica de alta tensión.

Asimismo, señaló las afectaciones registradas en el Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla, en Monte Cristi, donde una parte importante del humedal fue impactada para permitir la construcción de una carretera.

Paíno Abreu denunció además la instalación de plantas eléctricas flotantes en el área de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, en Los Negros de Azua, situación que ha provocado daños a la biodiversidad y afectaciones directas a las comunidades pesqueras y residentes de la zona.

Indicó que los comunitarios prácticamente perdieron su playa y parte de sus espacios de pesca, mientras un informe técnico oficial concluyó recientemente que esas instalaciones nunca debieron colocarse en ese lugar.

El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo también criticó las intervenciones ejecutadas en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en Manzanillo, así como el desarrollo turístico impulsado en Pedernales sin que todavía exista claridad sobre la disponibilidad futura de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.

A juicio de Abreu, parques nacionales como Jaragua y Sierra de Bahoruco continúan bajo amenaza debido a proyectos y presiones que buscan reducir áreas protegidas o flexibilizar restricciones ambientales.

Sobre Valle Nuevo, aseguró que todavía persisten actividades agrícolas dentro del parque nacional y que las labores de reubicación de ocupantes ilegales siguen sin completarse. Del mismo modo, calificó como alarmante la situación de Los Haitises, donde continúan desmontes, quemas y conucos pese a los anuncios gubernamentales realizados en distintos momentos.

“El deterioro ambiental avanza mientras el Gobierno responde con anuncios y promesas que nunca terminan de traducirse en soluciones reales”, manifestó.

Paíno Abreu cuestionó el manejo ofrecido por las autoridades al conflicto generado por la construcción del canal haitiano sobre el río Dajabón o río Masacre, afirmando que el país nunca asumió una posición firme para defender adecuadamente un recurso hídrico estratégico para la nación.

En otro orden, recordó el episodio de contaminación registrado este año en la presa de Hatillo, donde análisis realizados por laboratorios independientes y por el Instituto de Microbiología de la UASD reportaron la presencia de metales y bacterias por encima de los niveles permitidos.

“El Ministerio de Medio Ambiente fue incapaz de ofrecer explicaciones claras y oportunas ante una situación que comprometía el agua utilizada por miles de familias del Bajo Yuna”, indicó.

En materia de residuos sólidos, el dirigente opositor aseguró que el Gobierno tampoco ha cumplido las promesas realizadas sobre la transformación de los vertederos a cielo abierto en rellenos sanitarios modernos y plantas de valorización.

Explicó que, pese a los recursos captados mediante la Ley 225-20, los préstamos internacionales y el respaldo de organismos multilaterales, los avances siguen siendo mínimos frente a la magnitud del problema.

Abreu afirmó además que gran parte de los logros exhibidos actualmente en materia forestal corresponden a políticas impulsadas por gobiernos anteriores, especialmente mediante el Plan Nacional Quisqueya Verde, iniciado en 1997.

Al cierre del documento, Abreu advirtió que la flexibilización de permisos y estándares ambientales implementada durante los últimos años representa una amenaza directa para la sostenibilidad del territorio nacional.

“Proteger el medio ambiente no significa detener el desarrollo. Significa garantizar que nuestros bosques, nuestras fuentes de agua y nuestras áreas protegidas sigan existiendo para las futuras generaciones”, expresó.

La Fuerza del Pueblo reiteró su preocupación por las debilidades estructurales del Gobierno para ejecutar una política seria de protección ambiental y gestión sostenible de los recursos naturales del país.