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viernes, 22 de mayo de 2026


Un hombre echando combustible en una estación de gasolina. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 22 de mayo 2026

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes que el Gobierno dominicano mantendrá congelados los precios de los carburantes de mayor consumo nacional para la semana del 23 al 29 de mayo. Para lograrlo, el Estado dispuso un subsidio extraordinario de 1,588.5 millones de pesos, absorbiendo el impacto del encarecimiento del crudo en los mercados internacionales.

Gracias a este colchón financiero, las gasolinas premium y regular, el gasoil (regular y óptimo), el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural no registrarán variaciones en sus costos. No obstante, las autoridades autorizaron incrementos de hasta RD$7.54 en derivados industriales y de aviación de menor uso masivo, como el avtur, el kerosene y los tipos de fuel oil.

Con esta última partida, el monto acumulado que el Gobierno ha destinado a la política de subsidios a los combustibles supera ya la barrera de los 16,000 millones de pesos, una estrategia orientada a contener la inflación y blindar la estabilidad económica del país.

Lista oficial de precios (Semana del 23 al 29 de mayo)

El MICM estableció que las transacciones comerciales en las estaciones de servicios se regirán bajo la siguiente tabla, calculada bajo una tasa de cambio promedio de RD$59.72 por dólar según los registros del Banco Central:

CombustiblePrecio por Galón / m³Variación SemanalSubsidio Estatal por Galón
Gasolina PremiumRD$ 331.10CongeladaRD$ 58.50
Gasolina RegularRD$ 305.50CongeladaRD$ 75.69
Gasoil RegularRD$ 257.80CongeladaRD$ 81.03
Gasoil ÓptimoRD$ 283.10CongeladaRD$ 85.48
GLP (Gas de cocinar)RD$ 137.20CongeladaRD$ 21.88
Gas NaturalRD$ 43.97 (por m³)CongeladoN/A
AvturRD$ 300.17Sube RD$ 1.03
KeroseneRD$ 339.70Sube RD$ 1.40
Fuel Oil #6RD$ 203.83Sube RD$ 6.44
Fuel Oil 1%SRD$ 226.28Sube RD$ 7.54

La Cámara Civil y Comercial de Santiago emitirá el 27 de mayo su decisión sobre el recurso de amparo interpuesto para impedir exploración minera en la cordillera Septentrional. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 22 de mayo 2026

SANTIAGO. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una certificación oficial fulminante en la que hace constar que la empresa Vertrixi Holding, S.R.L. no posee ningún tipo de permiso, licencia ni autorización ambiental para ejecutar labores de exploración minera en la comunidad de Pedro García, enclavada en la cordillera Septentrional.

El documento, firmado por el director de Evaluación de Impacto Ambiental, Neftalí Brito, fue depositado formalmente ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago. La pieza jurídica surge en respuesta a un requerimiento del tribunal que conoce una acción de amparo interpuesta por los comunitarios para salvaguardar los recursos naturales de la zona.

Tras una exhaustiva revisión en los archivos físicos y digitales del ministerio, las autoridades confirmaron la inexistencia absoluta de expedientes o actuaciones administrativas que avalen las operaciones del referido proyecto.

"Operaban al margen de la ley"

La respuesta institucional ha sido recibida como una victoria contundente por los defensores de la cordillera. El abogado Winston Vásquez, representante legal de las comunidades afectadas que se oponen firmemente a la minería en la zona, reaccionó tras la audiencia celebrada este jueves 21 de mayo:

"Esta certificación de las autoridades confirma que la empresa carece de absolutamente todo tipo de documentación que la autorice a operar en el área. Al no contar con el respaldo de Medio Ambiente, queda en evidencia que la empresa estaba operando de forma totalmente ilegal", sentenció Vásquez.

El fallo definitivo se dictará el 27 de mayo

El conflicto por la preservación de la cordillera Septentrional ha unificado a diversos sectores sociales, académicos y ecológicos en Santiago, quienes previamente habían solicitado el respaldo de la Academia de Ciencias y exigido una postura clara al Poder Ejecutivo.

Con las cartas sobre la mesa y la certificación de ilegalidad de Medio Ambiente depositada en el expediente, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago fijó para el próximo miércoles 27 de mayo la lectura de la sentencia definitiva del recurso de amparo, la cual determinará el cese permanente de cualquier intento de extracción en Pedro García.

Sesión de la Cámara de Diputados del miércoles 20 de mayo de 2026 donde se aprobó la reforma laboral en primera lectura. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 22 de mayo 2026

SANTO DOMINGO. – Tras la aprobación en primera lectura de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados, el debate político se ha trasladado al Congreso Nacional. Diversos legisladores han salido al frente para defender el mantenimiento de la cesantía laboral, uno de los derechos más históricos de la clase trabajadora dominicana y el principal punto de fricción con el sector empresarial.

A pesar de que el empresariado insiste en abrir espacios de negociación para modificar este aspecto, la mayoría de los congresistas coinciden en que no darán marcha atrás en las conquistas laborales adquiridas.

"Los empresarios no han presentado una alternativa viable"

El diputado Rogelio Alfonso Genao, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), defendió enérgicamente la pieza aprobada y criticó la postura adoptada por las asociaciones patronales:

“Los empleadores mantienen privilegios fiscales y económicos, mientras se oponen a conservar derechos laborales históricos. La cesantía representa una garantía económica vital para los empleados en momentos de desahucio y forma parte de la cultura laboral dominicana desde hace décadas”, afirmó Genao, señalando que el sector empresarial no ha presentado propuestas viables que sustituyan este beneficio.

Por su parte, desde la comisión que estudió el proyecto se aclaró que, aunque el texto todavía puede sufrir modificaciones técnicas menores durante su segunda lectura, la discusión ya se encuentra bajo el control absoluto del pleno de la Cámara de Diputados. Entre los nuevos artículos ratificados destaca la fijación de un plazo máximo de 24 meses para la duración de los litigios en los tribunales laborales, una medida orientada a agilizar la justicia.

La oposición advierte sobre la falta de consenso

No todas las bancadas consideran prudente cerrar el canal de negociaciones. El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió sobre los riesgos de aprobar una reforma sin el consenso absoluto de todas las fuerzas vivas del aparato productivo nacional.

Mariotti sostuvo que continuar conversando "nunca perjudica" el proceso legislativo y recordó que la República Dominicana urge de una legislación laboral moderna que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a los altos índices de informalidad, factores que no están contemplados de manera eficiente en el Código de Trabajo vigente desde 1992.

Con las cartas sobre la mesa y la presión del sector privado en aumento, la pieza se encamina a una segunda discusión decisiva antes de pasar al Senado.


La DNI estará integrada por personal propio, de naturaleza civil, y por miembros adscritos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ( Fuente Externa)

Diario Azua / 22 de mayo 2026

SANTO DOMINGO. – El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 291-26 que contiene el Reglamento de Aplicación de la Ley 1-26, Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta nueva normativa establece el marco jurídico, los mecanismos de control y las competencias del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), otorgando a los agentes un régimen laboral estrictamente confidencial y beneficios de retiro exclusivos.

La DNI, integrada por personal civil, militares y policías adscritos, operará bajo un esquema de nóminas reservadas. Las instituciones castrenses y policiales de origen estarán obligadas a mantener en estricto secreto la identidad de los agentes asignados, quienes además dispondrán de identificaciones de uso restringido para garantizar su anonimato.

Seguridad Social y pensiones vitalicias especiales

El nuevo reglamento faculta a la DNI a estructurar, junto al Sistema Dominicano de Seguridad Social, un régimen especial o complementario que protegerá la identidad de los agentes en las bases de datos públicas y ofrecerá cobertura ampliada para riesgos ocupacionales.

Entre los beneficios económicos aprobados destacan:

Pensiones del 100%: Por disposición presidencial, los miembros de la DNI con un mínimo de 20 años de servicio en el Estado y 60 años de edad podrán optar por una pensión vitalicia especial equivalente al 100% de su último salario.

Protección por discapacidad: Se garantizan pensiones por invalidez para colaboradores con cinco o más años de servicio, previo diagnóstico médico certificado.

Exención de reportes: Los agentes de origen militar o policial no tendrán la obligación de notificar salidas al extranjero a sus instituciones matrices cuando viajen en misiones oficiales.

¿Cómo funcionará el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI)?

El reglamento define al SNI como la estructura encargada de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Bajo la rectoría de la DNI, el sistema integra a las unidades de inteligencia militar (J-2, G-2, M-2 y A-2), la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), y el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la DNCD.

Las operaciones del sistema se guiarán por el nuevo Plan Anual de Inteligencia (PAI), un documento secreto que definirá los riesgos estratégicos de la nación. Asimismo, la información procesada se clasificará en cuatro niveles de seguridad: reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta.

Alianzas clave: Corrupción, migración e infraestructuras críticas

El SNI funcionará como un brazo de apoyo interinstitucional en tres frentes prioritarios:

Anticorrupción: Cooperará directamente con la PEPCA, la Cámara de Cuentas, la Contraloría y la Dirección de Ética (Digeig) para prevenir y perseguir la corrupción administrativa.

Control Migratorio: La Dirección General de Migración (DGM) mantendrá el control documental primario, pero ante cualquier alerta o perfil de riesgo, notificará de forma "inmediata y automática" a la DNI, que asumirá las investigaciones de seguridad nacional.

Terrorismo y Sabotaje: Se establece una red de monitoreo junto a los operadores de infraestructuras críticas (sectores eléctrico, telecomunicaciones, transporte, agua y aeronáutico) para neutralizar posibles amenazas a servicios esenciales.

Finalmente, en el ámbito digital, el reglamento valida el rol del recientemente creado Instituto Criptográfico Nacional, el cual se convertirá en el organismo responsable de dictar la política criptográfica del país y proteger la información digital sensible del Estado dominicano.

El crucero holandés MV Hondius atracado en el puerto de Róterdam, Países Bajos. Varios pasajeros del Hondius contrajeron el hantavirus. (EFE/EPA/Fuente Externa)


Diario Azua / 22 de mayo 2026

GINEBRA. – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este viernes un nuevo caso positivo de hantavirus vinculado al barco de crucero MV Hondius, lo que eleva la preocupación de las autoridades sanitarias globales ante el brote detectado en la embarcación.

El nuevo contagiado es un miembro de la tripulación de nacionalidad holandesa, quien desembarcó inicialmente en la isla española de Tenerife (Canarias) antes de ser repatriado a los Países Bajos.

"Países Bajos confirmó hoy un nuevo caso en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a Países Bajos y se encuentra desde entonces en cuarentena", detalló el máximo titular de la OMS durante su comparecencia oficial.

El balance del brote: 12 afectados y tres muertes

Con este último diagnóstico, la cifra total de personas afectadas por el hantavirus en relación con el crucero asciende a 12 casos entre sospechosos y confirmados.

La situación mantiene en alerta a la comunidad médica internacional, debido a que el brote dentro del MV Hondius ya se ha cobrado la vida de tres pasajeros que viajaron a bordo de la nave y fallecieron a causa de las complicaciones de la enfermedad.

Las autoridades europeas de salud pública y la tripulación mantienen estrictos protocolos de aislamiento y desinfección para determinar el foco de contagio original dentro del buque de recreo.

Los equipos de rescate libaneses buscan entre los escombros a las víctimas de una casa destruida un día después de que un ataque aéreo israelí alcanzara la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en Líbano. (EFE/EPA/Fuente Externa)


Diario Azua / 22 de mayo 2026

BEIRUT. – Una nueva ola de bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes en el sur del Líbano cobró la vida de al menos seis paramédicos y dejó a varios más heridos. El informe del Centro de Operaciones de Emergencia libanés denuncia que uno de los ataques fue dirigido de manera "directa y deliberada" contra una estación de ambulancias, desafiando el derecho internacional humanitario.

El primer bombardeo impactó un centro de ambulancias de la Autoridad Sanitaria Islámica organización de rescatistas vinculada al grupo chií Hizbulá en la localidad de Hanawiya, provocando la muerte instantánea de cuatro de sus miembros.

Pocas horas después, un segundo ataque aéreo golpeó el pueblo de Deir Qanoun Al Nahr, dejando un saldo total de seis fallecidos y seis heridos. Entre las víctimas mortales de esta segunda agresión se confirmaron dos paramédicos de la Asociación de los Exploradores del Mensaje Islámico (vinculada al partido Amal) y un menor de edad de nacionalidad siria.

Hospital de Tebnine sufre graves daños

La ofensiva israelí también alcanzó las inmediaciones del Hospital Gubernamental de Tebnine. Aunque no se registraron víctimas mortales en este centro de salud, al menos siete trabajadores sanitarios resultaron heridos.

Destrucción de infraestructura médica: El impacto causó severos daños materiales que paralizaron áreas críticas del hospital, destruyendo ambulancias en el patio exterior y afectando gravemente los departamentos internos de Urgencias, el Quirófano y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública del Líbano condenó enérgicamente los hechos, tildándolos de "crímenes de guerra" y asegurando que recurrirán a los organismos internacionales para que el flagrante menosprecio a las leyes humanitarias por parte de Israel no quede impune.

Un centenar de sanitarios caídos en el conflicto

Desde que estallaron las hostilidades el pasado 2 de marzo de 2026, las ambulancias, el personal médico y los centros de socorro de agrupaciones como la Defensa Civil Libanesa y la Cruz Roja han sido blanco constante de los ataques.

Con los fallecimientos registrados este viernes, ya se supera el centenar de trabajadores de la salud muertos en territorio libanés. La comunidad internacional sigue observando con alarma cómo estas agresiones contra misiones médicas continúan ejecutándose de forma sistemática, a pesar de los esfuerzos y los acuerdos de alto el fuego vigentes entre ambas naciones.


Diario Azua / 22 de mayo 2026

GINEBRA. – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una firme advertencia a la Unión Europea (UE) para que reconsidere la reanudación de las deportaciones de ciudadanos afganos, señalando que las nuevas normativas migratorias que debate el bloque europeo ponen en grave peligro la integridad de estas personas.

Türk expresó su profunda preocupación por las medidas de expulsión que ya han comenzado a aplicar de forma aislada algunos países europeos. El funcionario austríaco enfatizó que las reformas de retorno actualmente bajo el escrutinio de la UE amenazan con desmantelar los estándares internacionales de protección.

"Las nuevas normas propuestas de la UE sobre retornos actualmente en estudio podrían debilitar las garantías de derechos humanos y exponer a las personas a daños", alertó el Alto Comisionado a través de un comunicado oficial.

Exigencia de un plan coordinado frente a la crisis

Ante la alarmante situación de represión y vulnerabilidad que se vive dentro de Afganistán, el jefe de derechos humanos de la ONU reclamó a las naciones europeas un "enfoque más coordinado" y apegado a la legalidad global.

Naciones Unidas enfatizó que la legislación internacional prohíbe las expulsiones colectivas o automáticas hacia zonas de conflicto. En ese sentido, Türk fue categórico: "Advierto firmemente contra todos los retornos involuntarios a Afganistán en ausencia de evaluaciones individualizadas del riesgo".

Una crisis de refugiados en cifras

La presión migratoria sobre la población afgana ha alcanzado niveles críticos a nivel global, no solo en Occidente, sino principalmente en las fronteras de Oriente Medio:

Éxodo en 2025: Tan solo el año pasado, 1.2 millones de afganos fueron expulsados de manera forzosa desde Irán y Pakistán.

Cifras de 2026: En lo que va del año en curso, las deportaciones masivas desde estos países vecinos ya suman 270,000 personas adicionales.

Con este llamado, la ONU busca evitar que Europa agrave la crisis humanitaria de una población que huye de la inestabilidad interna, instando a los gobiernos del viejo continente a priorizar los tratados de asilo y la evaluación de riesgo de cada refugiado antes de proceder con cualquier repatriación.

jueves, 21 de mayo de 2026



La Corte Suprema de Estados Unidos (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 21 de mayo 2026

WASHINGTON. – La Corte Suprema de los Estados Unidos se convirtió en el escenario de un intenso debate jurídico y político en torno a las reclamaciones millonarias por el uso de propiedades expropiadas en Cuba, reviviendo las tensiones históricas del embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde 1962.

El máximo tribunal examina las demandas interpuestas por la empresa estadounidense Havana Docks, la cual exige indemnizaciones a varias corporaciones de cruceros por haber utilizado los muelles de La Habana entre los años 2016 y 2019. El caso ha generado una profunda división de opiniones entre los magistrados de la corte.

Posturas divididas: ¿Derecho permanente o concesión vencida?

El debate principal radica en la naturaleza de los derechos que poseía la compañía antes de que el régimen de Fidel Castro confiscara sus instalaciones portuarias.

La defensa de la propiedad (Voto disidente): El magistrado conservador Clarence Thomas defendió la legitimidad de la demanda. “Havana Docks ha demostrado que las líneas de cruceros utilizaron propiedades confiscadas en las que tenía un interés de propiedad y sobre las cuales posee una reclamación”, afirmó Thomas, advirtiendo que cualquiera que explote bienes expropiados en el pasado debe responder ante los ciudadanos estadounidenses con derechos sobre ellos.

El argumento de la temporalidad (Voto mayoritario): En contraste, la jueza de tendencia progresista Elena Kagan discrepó firmemente de esa postura, señalando que los muelles operaban bajo una concesión de 99 años que expiró contractualmente en el año 2004. “Lo que poseía Havana Docks era solo un derecho temporal que expiró más de una década antes de que las líneas de cruceros llegaran a utilizar los muelles”, argumentó Kagan para justificar por qué la firma no califica para una compensación.

El vaivén político entre Obama y Trump

El origen de este multimillonario litigio comercial se remonta al período de flexibilización del embargo impulsado por el expresidente Barack Obama, bajo cuyo mandato se autorizó temporalmente a los cruceros estadounidenses a hacer escala en la capital cubana.

Posteriormente, esta política de apertura fue revertida por el presidente Donald Trump, quien restableció las restricciones de viaje a la isla. El fallo definitivo de este caso establecerá un precedente crítico sobre el alcance de la Ley Helms-Burton y la responsabilidad civil de las empresas internacionales que realizan negocios en antiguos territorios expropiados por revoluciones extranjeras.


Al menos 57 personas fueron detenidas el sábado durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloquean las carreteras de acceso a La Paz. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 21 de mayo 2026

LA PAZ. – La profunda crisis social y política que sacude a Bolivia se cobró una nueva vida este jueves. El Ministerio de Salud informó el fallecimiento de un niño de 12 años debido a que los bloqueos de carreteras impidieron el paso de la ambulancia que lo trasladaba de emergencia, elevando a cuatro el número de víctimas mortales bajo circunstancias similares desde que iniciaron las protestas hace 16 días.

El menor, quien presentaba un cuadro de "trauma abdominal grave" que requería cirugía urgente y cuidados en terapia intensiva, era movilizado desde la localidad de Llallagua hacia la capital de Potosí. Debido a las barricadas en la vía, el vehículo de emergencia se vio obligado a desviar su ruta hacia Oruro, falleciendo el paciente durante el trayecto.

"La vida está por encima de todo conflicto. Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos", manifestó el Ministerio de Salud en un comunicado oficial.

Con este deceso, ya se contabilizan cuatro pérdidas humanas vinculadas indirectamente a las protestas, incluyendo el caso reciente de una ciudadana originaria de Belice.

Un país cercado: Las claves de las protestas

La ola de manifestaciones y bloqueos, que comenzó en el altiplano central, se ha extendido de manera agresiva a regiones clave como La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, estrangulando la conectividad del país.

¿Quiénes protestan? Las movilizaciones están integradas por sindicatos de campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores leales al expresidente Evo Morales.

¿Qué exigen? Los manifestantes demandan de forma contundente la renuncia inmediata del presidente de la nación, Rodrigo Paz.

Consecuencias en las ciudades: En urbes como La Paz y El Alto ya se reporta una aguda escasez de alimentos de la canasta básica, combustibles e insumos hospitalarios críticos, tales como el oxígeno medicinal.

Colapso económico e industrial

El impacto de las movilizaciones va más allá de la crisis sanitaria. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia encendió las alarmas este jueves al reportar que el sector industrial acumula pérdidas superiores a los 600 millones de dólares debido a la parálisis del transporte y el comercio. Asimismo, las principales actividades culturales y deportivas del país han tenido que ser suspendidas o reprogramadas.

Ante este alarmante escenario, el Gobierno boliviano, junto a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica, han reiterado sus llamados desesperados a los sindicatos para que habiliten "corredores humanitarios", advirtiendo que el derecho a la protesta no puede vulnerar el derecho a la vida de los ciudadanos más vulnerables.

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